Las Universidades Jesuitas alertan de la «creciente desafección ciudadana» y plantean medidas para recuperar «la dignidad del compromiso público»

Ante una situación social y política que preocupa profundamente a una parte importante de la ciudadanía, en un momento que reclama de la política actitudes honestas, actuaciones decididas y compromisos duraderos, las universidades jesuitas quieren contribuir al diálogo común desde su aportación específica.  Por este motivo, UNIJES, la federación de los centros universitarios jesuitas en España , hizo pública hace algunos meses una declaración «Por la regeneración democrática de la vida pública», que ha sido presentada en Barcelona  recientemente, en un acto promovido por IQS, ESADE y Turismo Sant Ignasi.

El Foro UNIJES en Barcelona, en el que se presentó la declaración, tuvo lugar ayer en el Colegio de Periodistas de Cataluña, con la participación de Enrique López Viguria, que presentó UNIJES, y de Carlos Losada,  director genera, que fue el encargado de exponer el sentido y las propuestas de la Declaración. A continuación, se celebró una mesa redonda que contó con la participación de Juan José López Burniol, notario, César Molinas, socio fundador de Multa Paucis, Joan Rigol, ex presidente del Parlament de Catalunya, y la periodista Silvia Cóppulo, que ofició de moderadora..

Declaración para mejorar la vida pública

La declaración «Por la regeneración democrática de la vida pública» tiene como punto de partida la desesperanza y la falta de confianza por parte de los ciudadanos. Un sentimiento agravado con la crisis económica actual y con las situaciones de penuria que sufren muchas personas y familias, en un escenario que parece que desborda la capacidad de nuestros gobernantes y de la clase política en general. El documento es una llamada a la política para reorientar su papel y promover la justicia en una sociedad plural y sin desigualdades.

UNIJES  afirma que «la intención ahora es reaccionar ante la situación delicada que vivimos en nuestro país y expresar públicamente nuestro compromiso, conscientes de que la sociedad espera y exige de nosotros una voz crítica y razonada al servicio de la política digna y del bien común». Asegura que «en el fondo de la desazón y la desconfianza generalizada, late una conciencia ética, que responde a unos valores arraigados en nuestra sociedad, tan necesarios para la regeneración de la política y de la vida pública». Por ello, apuestan por impulsar un gran pacto cívico» que nos estimule a todos y nos vincule a todos en un proyecto de envergadura para mejorar nuestra vida política y nuestra convivencia».

En este sentido, el manifiesto propone algunos cambios «urgentes y prioritarios» para restituir la dignidad a la política y recuperar la confianza de la sociedad. Los centros universitarios jesuitas reclaman una separación de los poderes públicos «más efectiva y más real», más transparencia de todos los actores para regenerar la vida pública, una reforma electoral que refuerce la participación ciudadana, reduzca el poder de los aparatos de los partidos y confiera más protagonismo a la vida parlamentaria, así como profesionalizar la Administración. Igualmente, piden que la llamada «economía sumergida salga a la luz», ya que creen que esta es una condición «necesaria y urgente» para prevenir y combatir efectivamente la corrupción, y para promover la justicia fiscal y la financiación equitativa de las cargas públicas. Por último, apuestan por reformar el sistema fiscal «para que esté efectivamente al servicio de todos, con equidad en el reparto de las cargas, mediante una progresividad adecuada, y evitando las posibilidades o los incentivos a la evasión, a la opacidad o al descontrol».

Con esta declaración conjunta, UNIJES adopta el compromiso de colaborar en el estudio y el debate necesarios para la realización de estas propuestas, desde la actuación de sus centros, desarrollando iniciativas de formación, de investigación y de debate social vinculadas al contenido del manifiesto. «Nuestro compromiso es que todos los miembros de nuestras comunidades académicas-estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios-, además de ser competentes y buenos profesionales, sean también ciudadanos conscientes y comprometidos en la construcción de una sociedad más libre, más democrática, más próspera, más solidaria y fundamentalmente más justa».